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Judiciales
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Viernes, 5 de marzo de 2021
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El Comité participa de un juicio oral por explotación laboral en Corrientes  A través del delegado para la región NEA se siguen las audiencias orales en un juicio por trata y explotación en el ámbito rural. La Mesa Contra la Trata de Personas Corrientes mantuvo reuniones con la Fiscalía General Federal de Corrientes, donde se abordaron varios temas relacionados con el fortalecimiento institucional. Por solicitud del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal general Dr. Carlos Schaefer, se acordó la participación en los debates de los integrantes de la Mesa interinstitucional.
En ese marco, los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas autorizaron esta semana a la Mesa Contra la Trata de Corrientes, a seguir una audiencia de debate oral vía Zoom, para garantizar la publicidad del acto judicial.
Participaron José Maria Serbin delegado de la región NEA del Comité Ejecutivo y la contadora Mónica Arnais, referente del Renatre Corrientes, ambos miembros de la Mesa Corrientes, en la causa “Diaz, Rolando Abel; Maack, Nilda Laura; Knebel, Fabian Eduardo; Nabone, Mónica del Lujan; Percara, Gustavo Javier y OTROS S/ inf. Art 140 reducción a la esclavitud o otra servidumbre ley 26.842 inf. Art 145 bis 2° párrafo apartado 2 (sustituido conf. Art. 24 ley 26.842)
La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.
En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.
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