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Jubilados Corrientes
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Domingo, 3 de abril de 2016
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Franco será llevado al Tribunal de Ética por sus acusaciones públicas, aunque él las atribuyó a “errores o tergiversaciones” de la prensa El Consejo Directivo del Centro de Jubilados y Pensionados en la reunión del viernes pasado decidió derivar al Tribunal de Ética las expresiones públicas y agraviantes del ex Secretario General, Justo José Franco. El miembro renunciante del órgano directivo había sido invitado para que aclare personalmente a sus pares las razones de la dimisión. Franco no acudió y mediante una nota ratificó su decisión de carácter indeclinable. Asimismo atribuyó a “errores de redacción o tergiversación” de los medios de prensa las publicaciones contra las autoridades del Centro. A pedido de la actual presidente, María de las Mercedes Solis de Zambrano, el Consejo aceptó diferir el inicio del proceso de juzgamiento una vez pasadas las elecciones internas para que una eventual sanción no interfiera en la candidatura del socio como Presidente. El pasado viernes 1 de abril el Consejo Directivo decidió por unanimidad elevar las actuaciones respecto del accionar del socio Justo Franco al Tribunal de Ética por entender que las mismas podrían ser violatorias del régimen disciplinario establecido en el Estatuto Social. Franco quien hasta el mes de marzo fue Secretario General de la institución presentó su renuncia argumentando divergencias y agraviando públicamente a los miembros del órgano directivo. Ante tal comportamiento, fue invitado “a fin de que pueda explicar personalmente las razones de su renuncia, especialmente por sus agraviantes comentarios hacia las autoridades de la entidad en publicaciones de diarios y reportajes radiales”. En la misma nota se le adelantó que en caso que decidiera no asistir, los miembros del Consejo derivarían al Tribunal de Ética para su juzgamiento las mencionadas expresiones. El régimen disciplinario contenido en el artículo 18 del Estatuto Social establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la expulsión para aquellos afiliados que incurran en “agresiones físicas o morales a quienes desempeñan las funciones de gobierno, administración de la Entidad o cargos inherentes a su desenvolvimiento institucional” o “formulación de denuncias en contra de los integrantes de los órganos de gobierno y administración de la institución o de sus afiliados, de las que luego desistiera o ulteriormente se verificaren fueren falaces o maliciosas”. El ex Secretario General no acudió a la invitación y por escrito ratificó los términos de su renuncia de carácter indeclinable motivada en una decisión personal. En relación a sus declaraciones periodísticas negó su contenido agraviante y atribuyó las mismas a errores de los medios de prensa. “Evidentemente se trata de un error de redacción o tergiversación, ya que ese Consejo Directivo me merece respeto y consideración y siempre mantuve una relación cordial y afable en los años compartidos, por lo que pido las disculpas del caso a quienes se sintieron afectados por este error”. Una vez tomada la decisión unánime de darle intervención al Tribunal de Ética, la presidente de la institución, María de las Mercedes Solís de Zambrano, propuso que dicho proceso se inicie con posterioridad a la elección de autoridades el próximo 20 de mayo para que de ninguno modo una eventual sanción pueda afectar la participación del socio que se postula como candidato para asumir la conducción del Centro de Jubilados.
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