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Lo dispuso un juez para facilitar la investigación de posibles ilícitos
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Sábado, 16 de abril de 2016
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Escándalo: Intervinieron Pyramis por delitos económicos  El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, solicitó al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 la intervención judicial de la cooperativa Pyramis que es investigada por los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de dinero y asociación ilícita. La solicitud del titular del Ministerio Público Fiscal fue a instancias de la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, quien también interviene en las averiguaciones respecto de las actividades de la organización que manejó unos $700 millones durante la última década en la capital correntina.
El pedido de intervención, enviado al juez Juan Carlos Vallejos, se fundamenta en que la firma fue utilizada “como instrumento del delito”.
Agregaron que las personas investigadas “se beneficiaron del producto y provecho” de la actividad supuesta ilícita que se investiga, y que para concretar el objetivo desarrollaron “un sofisticado entramado de operaciones financieras, relaciones contractuales y vehículos corporativos”, que comportó “la estructuración de la intermediación financiera irregular”.
Tras el pedido de los funcionarios, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, dispuso que dos veedores lleven adelante la administración de la entidad cooperativa mientras continúa la investigación judicial.
El magistrado ordenó que el control de las actividades de Pyramis las lleven adelante un perito matriculado en el fuero federal y un empleado idóneo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
La función que tendrán será la de fiscalizar las operaciones que realice la empresa, “por un plazo de noventa días”.
Durante ese tiempo los intervinientes deberán presentar informes, cada 30 días, de los movimientos que se desarrollen.
En ese tiempo los veedores tendrán a cargo el control total de las operaciones que realice la cooperativa y quedaron facultados para solicitar a los administrativos a que exhiban todos libros contables y los documentos con los que cuente la empresa intervenida.
Los funcionarios judiciales también están habilitados a requerir información a las oficinas públicas y privadas, escribanos con registro, escribanías respecto a toda otra gestión realizada por las personas y las firmas relacionadas con la entidad intervenida.
La medida judicial indica, además, que la medida de control podrá ser levantada o prorrogada transcurridos los tres meses.
PEDIDO RAZONABLE
El juez federal, Juan Carlos Vallejos, dio lugar al pedido de intervención al considerar que “la medida cautelar solicitada resulta razonable, dado que persigue el esclarecimiento de los hechos investigados”.
Admite también que la actividad de los veedores posibilitaría “el seguimiento de los bienes que habrían servido para cometer los hechos ilícitos que se investigan, y de las ganancias que son el producto o provecho del delito”.
En este sentido, reconoce que la determinación busca aclarar el origen de los bienes obtenidos, “no sólo el producto de él (del delito), sino también las cosas obtenidas con ese producto, que pueden ser dinero o bienes en general y que, por la compra o trueque, pueden ser alcanzados por el comiso”, según indica la resolución judicial.s
CONTEXTO
En julio del año pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) solicitó el allanamiento en la sede de la cooperativa Pyramis, a raíz de la sospecha de que la firma funcionaba como un banco, cuando su objeto social declarado es otro.
Luego de que se pidió al Ministerio Público Fiscal Federal que se investiguen las actividades de la cooperativa.
Fue así que el fiscal informó de la causa a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En ese contexto el fiscal, Flavio Ferrini, inició una investigación que lo llevó a realizar 12 allanamientos a oficinas y viviendas de personas relacionadas con la administración de la entidad. En la intervención a la sede de la empresa se hallaron 320 cajas de seguridad, y en ellas unos $4.000.000, bienes de valor, propiedades y títulos.
Fuente: Diario Norte
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