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La caza al Chapo Guzmán
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Jueves, 16 de julio de 2015
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México va tras la pista del Chapo, sin responder al ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos  Horas después de que Joaquín Guzmán Loera se escapara de una prisión de máxima seguridad en México, el gobierno de Estados Unidos ofreció todo lo que tiene – alguaciles, drones e incluso una brigada especial – para ayudar a encontrar y recapturar al líder del cartel de Sinaloa. Pero México ha mantenido a raya a los estadounidenses, sin dar respuesta a la ayuda ofrecida, según funcionarios mexicanos y estadounidenses. Éstos aseguran que la demora ha confundido a las agencias en ambos lados de la frontera y socavado los esfuerzos por recapturar a Guzmán antes de que su fortuna multimillonaria y sus relaciones en todo el mundo le permitan desaparecer.
“En verdad no entendemos por qué se niegan a dar una respuesta”, declaró un funcionario mexicano, que trabaja en el aparato de seguridad de su país pero que no estaba autorizado a hablar en público de las deliberaciones de su gobierno. “Estamos en espera.”
Las vacilaciones de México reflejan años de tensiones entre los dos países, en los que ha ido menguando su ambiciosa campaña conjunta contra los carteles, con una reducción de las extradiciones a Estados Unidos, diferentes prioridades en México y el declive del financiamiento de proyectos en común.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses dijeron que ahora la busqueda está siendo afectada por algunas de las mismas pugnas sobre control y soberanía que hicieron que México se opusiera a extraditar a El Chapo a Estados Unidos luego de su arresto en una operación conjunta a principios del 2014.
“Es frustrante”, afirma Carl Pike, un ex agente especial a cargo de la división de operaciones especiales en América de la DEA hasta que se retiró en diciembre pasado. “Se requirió mucho trabajo por parte de mucha gente muy buena para meterlo en la cárcel, ¿para que después lo pusieran en una situación en la que simplemente pudo escurrirse por un túnel y escapar?”
Con el presidente anterior de México, Felipe Calderón, la participación de Estados Unidos en contra de los carteles se incrementó tremendamente, al grado que los drones estadounidenses, vehículos aéreos de vigilancia, se internaban en México y aviones tripulados sobrevolaban el país para escuchar a los sospechosos.
Desde entonces ha habido arrestos muy destacados y los funcionarios estadounidenses se han maravillado de la confianza que ha surgido entre ciertos grupos; por ejemplo, entre agentes de la DEA y miembros de la armada mexicana, o entre abogados y jueces de México y de Estados Unidos.
Pero en años recientes, especialmente desde que Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió la presidencia en 2012, han vuelto a surgir la amargura y los temores por la forma en que han interactuado en el pasado México y Estados Unidos.
Dado su historial de guerras, animosidades y malentendidos, los dos países sienten desconfianza uno de otro, asegura Adam Isacson, asociado sénior de seguridad regional de la Oficina de Washington para América Latina.
El gobierno de Peña Nieto tomó sus distancias respecto de los estadounidenses desde que asumió en diciembre de 2012, cuestionando de inmediato el derecho de los funcionarios estadounidenses de someter al polígrafo a altos funcionarios mexicanos de seguridad para desarraigar la corrupción.
El lado operativo de la campaña estadounidense, dirigido por el departamento de Justicia y la DEA, se preocupó cuando el gobierno mexicano centralizó las comunicaciones a través de su Secretaría de Gobernación (ministerio del interior), en lugar de permitir que las agencias judiciales de los dos países colaboraran por su cuenta como habían hecho en el sexenio de Calderón.
En Estados Unidos, los responsables de decidir las políticas tenían sus dudas sobre el nuevo gobierno en México. Para muchos de ellos, la operación de seguridad se parecía demasiado al PRI de antaño, que gobernó a México de 1929 a 2000.
Cuando 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre, después de unos enfrentamientos con agentes de policía en una zona rural del estado de Guerrero, muchos funcionarios estadounidenses comentaron que los problemas con la estrategia mexicana estaban a la vista.
En lugar de transparencia y acción, el gobierno mexicano vaciló entre la ofuscación y la demora. El gobierno necesitó cuatro meses para llegar a la conclusión de que los estudiantes no estaban desaparecidos sino muertos.
“Cuando ocurrió lo de los 43, pudimos ver lo poco preparado que estaba el gobierno mexicano y eso puso de relieve el problema”, comentó un ex alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato para no irritar a sus antiguos colegas. “A la hora de la verdad, no hay forma de manejar esa división entre el viejo y el nuevo PRI.”
Muchos funcionarios y expertos ahora cuestionan la forma en que podrá avanzar la relación entre Estados Unidos y México. Algunos alegan que podrían mejorar las relaciones, especialmente si los dos países unen fuerzas nuevamente para dar caza al Chapo Guzmán.
Los funcionarios estadounidenses también dieron a entender que ha habido avances en la búsqueda de otro importante traficante, Rafael Caro Quintero. Quintero fue puesto en libertad en 2013 por un juez mexicano, que determinó que había sido juzgado indebidamente en una corte federal en lugar de una estatal, por el asesinato de Enrique Camarena, conocido como el Kiki, un agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado en 1985.
Pero en el amplio círculo de agentes judiciales que han pasado tiempo tratando de sacar de la jugada a Guzmán, también existe la preocupación de que, si no se detiene y castiga al traficante de drogas más notorio del mundo, todos los casos que sigan serán significativamente más difíciles.
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