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Ante la denuncia del PT
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Martes, 23 de agosto de 2016
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Brasil defendió ante la OEA el juicio a Dilma: "Cumple con la Constitución y la ley"  El canciller Serra calificó de "tonto" el pedido de explicaciones sobre el proceso contra la presidenta suspendida, mientras que el congreso que negó que se trate de un "golpe de estado". El canciller brasileño, José Serra, calificó de "tonto" el pedido de explicaciones sobre la legalidad del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el cual fue respondido también por el Congreso, que negó que se trate de un "golpe de Estado".
"La OEA envió un documento tonto, malhecho, y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso", dijo el canciller Serra a periodistas.
El jueves comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte del vicepresidente y presidente interino, Michel Temer, y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción originadas en la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.
La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva con cuestionamientos, al responder a un pedido hecho por tres diputados del Partido de los Trabajadores y un senador del Partido Democrático Laborista (PDT).
Según Serra, no existe un golpe o estado de excepción en Brasil: "Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático".
La misiva fue enviada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mario López Garelli, en respuesta al pedido de una intervención urgente del organismo continental por parte del PT para anular el juicio político, en el cual Rousseff es acusada por delitos de alteraciones en las prioridades del presupuesto 2015.
El Congreso respondió al pedido de la CIDH hecho inicialmente a la cancillería mediante el abogado del Senado, Alberto Cascais, quien sostuvo que se cumplieron "todas las prerrogativas constitucionales, legales y reglamentarias".
En ese marco, subrayó que "no se puede hablar de ilegalidad o inconstitucionalidad en los actos practicados porque los parlamentarios fueron elegidos por el pueblo y hacen uso de su competencia asegurada por la Constitución Federal".
Lo mismo hizo el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, aliado de Temer y quien lo representó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Río 2016 el domingo último.
El PT considera que el Supremo Tribunal Federal no atendió sus demandas de ilegalidad del proceso y por eso busca la atención internacional.
Sin embargo, el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, dijo recientemente en una entrevista con Télam que estima que aún se puede apelar a la máxima corte para anular el juicio político una vez emitida la sentencia por el Senado, que será entre el 30 y 31 de este mes.
Para ello, el gobierno interino de Temer dice contar con amplia mayoría, entre 60 y 63 votos, aunque oficialmente, según las cuentas de Folha de Sao Paulo, el apoyo hasta ahora para una condena es de 49 votos, de los 54 necesarios.
En una consulta hecha por Télam, existen senadores del partido de Temer, el PMDB, que votaron a favor de acoger la denuncia hace dos semanas pero ahora están en duda u ocultan su voto, tal el caso de Edison Lobao, ex ministro de Minas y Energía de Rousseff y del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En caso de que Dilma sea destituida, Temer se confirmará como presidente y podrá finalizar el mandato que va hasta el 31 de diciembre de 2018.
Temer negoció con sus aliados en el Congreso la aceleración de los plazos del juicio político, en vistas que pretende participar, ya confirmado en el cargo, de la cumbre del G-20 el 5 de septiembre en China.
Entre las prioridades de la gestión Temer está la aprobación del prespuesto 2017, la reducción del déficit ampliado por la actual administración que asumió el 12 de mayo y la revisión de la ley de jubilaciones y pensiones.
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