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Manifestación del sector
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Lunes, 26 de septiembre de 2016
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Preocupación y rechazo del Colegio ante el pedido del STJ de aumento de tasas judiciales  Ante la solicitud formulada por el Superior Tribunal de Justicia al Ejecutivo provincial de actualización de tasas judiciales, el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, manifiesta su profunda preocupación y expresa su absoluta oposición y rechazo a que se haga lugar y acceda a tal pedido.
Más allá que las tasas de justicia que cobra ese Poder representan una de sus principales fuentes de recursos del sistema judicial, como se manifiesta en el pedido, el Colegio interpreta que no solo resulta inoportuno e inconveniente sobrecargar en el justiciable una función que es propia del Estado Provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cual es el financiamiento y sostenimiento del servicio de justicia.
El S.T.J. fundamenta el pedido de actualización invocando la base del “valor JUS”, que es la unidad de medida para determinar los honorarios de abogados y pagos en el ámbito judicial, y que se establece de acuerdo al 1% del sueldo de un Juez de Primera Instancia, sin contar antigüedad y cargas de familia. Dicho “valor JUS” en los últimos tiempos, sostiene el Alto cuerpo, se actualizó en proporciones levemente por encima de los niveles de inflación.
Si bien ello es así, el STJ no solo que no acompaña al mismo tiempo la actualización del JUS como unidad de medida para la regulación de los honorarios profesionales de los abogados, sino que tampoco se cumple con la aplicación y reconocimiento de los honorarios mínimos en valor del JUS a la hora de realizarse las respectiva regulaciones, haciéndolo muy por debajo de lo que establece nuestra ley de honorarios profesionales.
El Colegio interpreta que el pedido de aumento formulado por el STJ responde a la necesidad de afrontar el aumento salarial que desde el sector gremial se le ha realizado, pues es notable y coincidente que ante cada reclamo de esa naturaleza el STJ echa mano al recurso de incrementar los aranceles y tasas de justicia, con lo cual, en definitiva, el justiciable y la ciudadanía en general termina haciendo frente con el aumento de los sueldos a los trabajadores, magistrados y funcionarios de justicia. Cuando ello también es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado.
El Poder Judicial debería garantizar fielmente el acceso a la justicia evitando encarecerla en momentos inflacionarios como los que atravesamos, en donde todos los sectores de la población ven afectados sus ingresos y desvalorizados sus salarios.
El Poder Judicial debería defender con mayor vehemencia su autarquía e independencia financiera, reclamando y exigiendo los refuerzos y giros de partidas presupuestarias que garanticen su funcionamiento, no solo para atender los incrementos salariales sino para llevar adelante la política judicial que cada año diseña al conformar su presupuesto el que luego resulta desconocido y recortado por los otros Poderes del Estado.
No podemos presenciar en silencio y convalidar esta metodología
de incrementos cuyo resultado final no se ve reflejado en absoluto en el mejoramiento del servicio de justicia. Existen obras paralizadas, juzgados que no se pueden implementar y poner en funcionamiento, falta de personal, una infraestructura, en general, sobrepasada, colapsada, y todo ello por falta de presupuesto.
Presupuesto que debe ser asegurado por el Estado en cumplimiento del imperio constitucional que pone a su cargo garantizar la justicia.
Si bien es cierto que el cobro de aranceles y tasas de justicia constituye uno de los principales ingresos del Poder Judicial, no es el principal, aunque sería bueno informarse qué montos y porcentaje representa del presupuesto judicial anual, en aras de la publicidad de los actos de gobierno.
Nos quejamos y reclamamos por los tarifazos, la suba de precios, de impuestos y de los servicios en general. Con mucha mayor razón no podemos ni debemos callar nuestro rechazo a un aumento de tasas judiciales que tendrá un destino seguro, el de afrontar un incremento salarial, pero que en definitiva recaerá una vez más en el bolsillo del ciudadano la hora de tener que buscar el acceso a la justicia que desde el propio Estado se le debe garantizar. Y cabría preguntarse: si el servicio de justicia es verdaderamente considerado un servicio público (como tantas veces se lo pregona), ¿no debería ser sometido a audiencia pública el tratamiento y consideración de los incrementos en los aranceles y tasas referidas a ese servicio público?.
Sin perjuicio de lo expuesto y que este Colegio en reiteradas ocasiones se ha expedido acerca de la ilegalidad e inconstitucionalidad de la fijación de tasas judiciales por parte del Poder Ejecutivo por vía de delegación legislativa, y sin renunciar a ese criterio, exhortamos respetuosamente a los tres Poderes del Estado, ejerciendo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, la búsqueda e implementación de otros mecanismos presupuestarios que permitan al STJ cumplir su mandato constitucional, sin que pase por volcar en la ciudadanía la carga de soportar un incremento de tasas judiciales, una doble imposición si se tiene en cuenta que ya hace sus aportes con el pago de sus impuestos.-
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