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Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de Procelac
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Viernes, 15 de junio de 2018
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Novedades en la mega causa que investiga el lavado de activos y la trata de personas en nuestra ciudad  En la noche de ayer cerca de la hora 21,00 se dio cumplimiento a la orden de detención de Pablo Marsilli quien había sido detenido en noviembre del año 2016 quien consiguió que se disponga su libertad en octubre del 2017. Allí la Justicia Federal de Corrientes, ordenó se le otorgue la libertad al empresario investigado por lavado de dinero, que habría operado en una organización acusada de montar compañías fantasmas para ingresar divisas obtenidas de la compra y venta ilegal de moneda extranjera, entre otros delitos.
En el momento que el ciudadano Marsilli recupera su libertad se anunció que el Ministerio público llevaría el caso a Comodoro Py.
Y como resultado la liberación fue apelada a la cámara de casación penal de Comodoro Py allí los jueces coincidieron en que estaba mal hecha la excarcelación por lo cual ordeno que se lo detenga en forma inmediata en los últimos días, orden que se cumplió en pleno centro de la ciudad por efectivos de la PSA Policía de Seguridad Aeroportuaria mientras Marsilli se encontraba en un kiosko de calle Colón al 800.
Por su parte el portal Fiscales ha publicado la siguiente información:
“Confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos”
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.
En línea con lo requerido por el fiscal general Carlos Schaefer en la audiencia celebrada el 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de once personas acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de delitos vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas y cambio marginal. Se trata de una causa derivada de la investigación por la cual fue procesado el ex fiscal federal de Paso de los Libres Benito Pont quien, junto a otros funcionarios, se encuentra sospechado de haber brindado protección a una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Al rechazar una serie de agravios elevados por las defensas, el tribunal ratificó los términos de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Paso de los Libros en noviembre del año mediante la cual dispuso el procesamiento –sin prisión preventiva- de Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre, María Cleila Ramona Espada, Jorge Antonio Castro Gentil, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa, Fernando Daniel Marticorena y José Acebal, sobre quienes además decretó embargos millonarios.
“La discrepancia de los recurrentes acerca de la valoración a los elementos probatorios incorporados no logra conmover la validez del temperamento adoptado por el instructor, sino que sólo procura revelar una arista diversa sobre cómo sucedieron los hechos y el modo en que corresponde ser valoradas las pruebas reunidas, lo que por mandato corresponde al magistrado. (…) a criterio de los suscriptos, existen indicios suficientes con el grado de provisoriedad que esta instancia exige, para sustentar la tesitura de acciones dirigidas a poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito”, consigna el fallo firmado por los jueces Selva Spessot, Mirta Sotelo de Andreau y José Luis Aguilar.
La causa se inició a través de una presentación efectuada el 6 de abril de 2016 por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde la fuerza de seguridad puso en conocimiento la existencia de un grupo de personas que se habría asociado para, entre otros fines, poner en circulación activos de origen ilícito en el mercado, utilizando para ello diversas estructuras jurídicas.
Posteriormente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) –que colabora con la Fiscalía Federal de Paso de los Libres a cargo de Fabián Martínez- realizó una presentación en la que solicitó una serie de medidas de prueba, en su mayor parte enfocadas en la situación patrimonial de los imputados. Una vez llevadas a cabo, el fiscal Martínez requirió la instrucción de la investigación respecto a los imputados y, en ese contexto, se practicaron allanamientos que arrojaron como resultado el secuestro de una gran cantidad de documentos públicos relacionados con vehículos, dinero, valores y documentos privados de interés, los cuales constituyeron "pruebas categóricas del delito endilgado a cada uno de los imputados", de acuerdo a la valoración otorgada por la jueza federal de Paso de los Libres.
La investigación puso de relieve que una de las formas de capitalización empleada por la organización consistiría en la formación de diversas sociedades "fantasmas" o ficticias, a través de las cuales se adquirían vehículos de alta gama, encontrándose autorizados a conducir los propios socios e investigados. Además, algunos de dichos vehículos serían utilizados para cruzar a países limítrofes para obtener divisas.
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